El Gobierno prorrogará de manera automática todas las autorizaciones de residencia, trabajo o estudios que venzan durante la vigencia el estado de alarma o que lo hubieran hecho hasta tres meses antes de su declaración el 14 de marzo. La orden, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, pretende evitar la inseguridad jurídica que enfrentan los inmigrantes al ver sus papeles caducar con las oficinas de extranjería cerradas. La prórroga se aplicará desde el día siguiente a la caducidad del permiso y se extenderá los seis meses siguientes a que finalice el estado de alarma.
Las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria desde el 14 de marzo suspendieron plazos administrativos y cerraron oficinas de atención al público, una limitación para los trámites de todos los ciudadanos, pero especialmente para los de los extranjeros que necesitan renovar sus autorizaciones de manera presencial. De la vigencia de esos papeles dependen su empleo o su residencia legal en España. “La imposibilidad de presentar las solicitudes de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo está generando gran inseguridad jurídica tanto para los extranjeros que se hallan en España, como para los empleadores y resto de operadores sociales y económicos”, reconoce la orden ministerial.
La norma cubre, entre otros, a todos los inmigrantes con autorización de residencia y trabajo, a los extranjeros con permisos de estudios, prácticas no laborales o voluntariado, y se extiende también a la renovación de las tarjetas de familiares de ciudadanos de la Unión Europea. La prórroga supondrá un alivio para miles de personas que, antes de la emergencia sanitaria, ya sufrían meses de espera para renovar cualquiera de sus documentos ante el colapso de las oficinas de extranjería. El Servicio Jesuita Migrantes ha celebrado la decisión y considera que supone una "oportunidad” para dotar “de recursos suficientes a los órganos administrativos competentes en materia de extranjería” y para "flexibilizar los requisitos de renovación”.
El texto lo firma el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su condición de autoridad competente delegada, pero la propuesta parte de la Secretaría de Estado de Migraciones al constatar “la dificultad de llevar a cabo los trámites de forma electrónica”. Antes y durante la pandemia, la secretaría ya se había mostrado partidaria de buscar fórmulas para flexibilizar algunas exigencias de la legislación de extranjería. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, se ha mostrado en varias ocasiones partidario de aligerar la burocracia para facilitar la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo y ha defendido la importancia de los extranjeros para sostener el Estado del bienestar y el sistema de pensiones.
En otro plano está la reivindicación de casi un millar de organizaciones y colectivos sociales que reclaman al Gobierno que regularice a los inmigrantes sin papeles en España. Escrivá, fue interpelado por ello el martes en el Senado, tras los últimos pasos de Portugal e Italia, que han adoptado diferentes procesos. “¿Tiene previsto el Gobierno una regularización de las personas migrantes en situación irregular?”, le preguntó Bernat Picornell, en representación de ERC. Escrivá tendió más bien al no. “Nos desenvolvemos en un marco europeo que no permite las regularizaciones generalizadas. Hay situaciones excepcionales en las que se pueden buscar vías[…] , pero en España no se dan las circunstancias que han podido concurrir en el caso de Portugal e Italia”, explicó el ministro.
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