Las entidades del tercer sector que integran el Grupo Local de la Inmigración en Avilés (GLIA) elaboran cada tres años junto a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar un diagnóstico en el que se analiza la evolución de la población inmigrante en el municipio de Avilés y se trata de poner en contexto los perfiles, problemáticas y principales necesidades de estas personas que residen en el concejo avilesino y que cada año aumentan en número.
Y ese aumento es precisamente uno de los datos más significativos del último diagnóstico y es que la población inmigrante creció un 30% respecto al año 2021, mientras que la autóctona ha seguido descendiendo. Se trata además de una población joven con una edad media de 35 años, procedente de veintisiete nacionalidades diferentes entre las que destaca la colombiana, rumana, venezolana, peruana y marroquí.
Según el informe, que se elabora desde hace diez años, en la actualidad casi la mitad de los extranjeros que viven en Avilés lo hacen en situación irregular. Concretamente hay un 43,54% que está situación administrativa de irregularidad, «la cual puede ser una consecuencia de la expiración del visado de estancia, la entrada irregular al país, el incumplimiento de los requisitos para renovar permisos temporales o la inadmisión a trámite o denegación de las solicitudes de protección internacional», explicaron ayer algunos integrantes de la Red ODINA, representados por Begoña Bastida, de Accem.
En el informe también se observa que el 24,14% de los inmigrantes son solicitantes de protección internacional, el 16,33% poseen algún tipo de autorización de residencia, el 7,48% son ciudadanos o familiares de ciudadanos de la UE y el 6,80% han conseguido la nacionalidad española.
Cabe destacar que hay un número elevado de casos en el que las situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el proceso migratorio están presentes. Así, se observa que casi la mitad (46,9%) presentan una o más situaciones de especial vulnerabilidad y entre éstas destacan las familias monomarentales (18,7%), personas sin hogar (10,20%), víctimas de trata o explotación sexual (8,50%) y víctimas de violencia de género (4,42%).
Además, al observar la situación familiar se detecta que casi la mitad de las personas tienen hijos menores a su cargo, destacando además la monomarentalidad y las dificultades de conciliación familiar que presentan las madres. Además, cabe señalar que el informe refleja que tres de cada cuatro personas inmigrantes tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas y más de la mitad carece de ingresos económicos estables.
La burocracia y el miedo complican el acceso a la atención sanitaria
El informe elaborado por la Red ODINA sobre inmigración en el municipio de Avilés arroja otros datos de interés que ayer se analizaron en la presentación oficial del diagnóstico. Así, se explicó que aunque el 98,5% de las personas inmigrantes están empadronados en Avilés, la mitad no disponen de tarjeta sanitaria. «Esto es una consecuencia del desconocimiento de los derechos y los trámites por parte de las personas inmigrantes, el temor a ser denunciadas en caso de encontrarse en situación irregular, la falta de documentación o las trabas burocráticas», destacó Begoña Bastida, miembro de Accem y representante de las entidades locales que integran la Red ODINA.
A su vez, el concejal de Servicios Sociales reconoció que otro de los grandes problemas es el acceso a una vivienda digna, ya que la mayoría de la población extranjera vive en una vivienda alquilada o en un alquiler compartido, mientras que el 4,7% de personas se encuentran en situación de calle y el 3,4% residen en una vivienda precaria. «Sabemos que el acceso a la vivienda es cada vez más complicado, los precios son prohibitivos y hay caseros que no quieren empadronar a sus inquilinos. Son problemas complejos en los que trabajamos», señaló el edil.
En este sentido el concejal recordó que en el proyecto de presupuestos para 2026 ya hay reflejada una partida económica específica para la creación de una oficina de atención al inmigrante, precisamente para ofrecer asesoría jurídica y acompañamiento que puedan solucionar algunas de estas problemáticas. También se prevé reeditar la guía de acogida para población extranjera, como bien recordó Medina en la presentación de un documento que se ha elaborado a partir de la información de 294 personas atendidas por las entidades que forman parte del GLIA.
Fuente
