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España necesita siete millones de inmigrantes en tres décadas para mantener la prosperidad

El suicidio demográfico es una realidad cada vez más cercana en España. Las proyecciones de Naciones Unidas vaticinan que, a raíz de años con baja natalidad y del envejecimiento, la población en edad de trabajar caerá de los dos tercios actual (en torno al 65%) a la mitad en las próximas tres décadas. Para mantener el mismo ritmo de crecimiento económico, el país necesitará en este periodo la mano de obra de casi siete millones más de inmigrantes, según Charles Kenny, investigador del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Kenny, que también es autor del informe ¿Puede África ayudar a Europa a evitar la inminente crisis del envejecimiento?, publicado el pasado junio, se muestra escéptico: “No lo vamos a conseguir de la forma en la que lo estamos haciendo. España tendrá que fomentar la inmigración con África por su proximidad geográfica”.

Los mayores de 65 años representan hoy casi el 20% de los ciudadanos españoles, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las previsiones señalan que dentro de 50 años la proporción llegará al 30%: una de cada tres personas estará jubilada. Desde 2015, los nacidos en España caen en términos interanuales y el crecimiento demográfico se sostiene exclusivamente por el incremento de extranjeros. Actualmente, residen cinco millones y medio de inmigrantes, lo que supone el 11,4% de la población total. Las nacionalidades más numerosas son la marroquí (15,9%), la rumana (12,3%) y la colombiana (5%).

La inmigración mitiga el envejecimiento de la sociedad por dos vías. Por un lado, los recién llegados son más jóvenes que la media española, con una diferencia de siete años. Desde el año 2000 la población española en edad de trabajar entre 16 y 55 años se redujo en más de 2,3 millones, según la Encuesta de Población Activa. Sin embargo, el número de extranjeros se incrementó en 3,7 millones, lo que permitió un aumento de 1,4 millones de empleados potenciales dentro de esta franja de edad. A partir de los años ochenta del siglo pasado, gran parte de las mujeres que integran la población activa extranjera ha cubierto un nicho que estaba en manos de las autóctonas: el cuidado del hogar. La llegada de estas migrantes, junto a un marco de prosperidad económica, facilitó la integración de las españolas en el mercado de trabajo. Según datos recientes del INE, un 40% de las mujeres ocupadas tiene responsabilidades de cuidados regulares.

Por otro lado, la llegada de inmigrantes también ayuda a suplir la falta de nacimientos. El índice de fecundidad alcanzó un mínimo de 1,13 hijos por mujer a principios del siglo XXI, frente a la media europea de 1,47. En este momento se intensificó la fase migratoria en España. En la actualidad, se ha recuperado hasta llegar a 1,31 a causa de una mayor natalidad de los extranjeros. Al respecto, Kenny señala que en los países menos desarrollados —de donde mayoritariamente proceden los inmigrantes— “hay un fuerte vínculo entre un elevado riesgo de mortalidad infantil y una alta tasa de reproducción”, por eso normalmente suelen tener más descendencia.

Los inmigrantes procedentes de los países más pobres se incorporan en los empleos menos cualificados. Cuatro de cada diez trabajan en ocupaciones elementales y poco remuneradas y en su conjunto perciben un salario medio que es un 56% inferior del que reciben los españoles, según el último informe del Defensor del Pueblo, publicado en 2020. Los sectores en los que se concentran son la hostelería, la agricultura, la construcción y el comercio. Sin embargo, este estudio evidencia que alrededor de la mitad de los ocupados extranjeros ha completado estudios de segundo ciclo de secundaria o educación superior. Su nivel formativo les permitiría desempeñar tareas más cualificadas.

Los inmigrantes, clave en el sistema de impuestos

En contra de algunos tópicos extendidos por organizaciones ultraderechistas, los extranjeros aportan más de lo que reciben. Varios estudios de los sindicatos UGT y CC OO apuntan que los trabajadores inmigrantes contribuyen con sus cotizaciones al 10% de los ingresos de la Seguridad Social, pero el gasto que generan es muy inferior. Por ejemplo, solo el 0,9% del gasto total del sistema de las pensiones se destina a esta parte de la población. Juan Ramón Jiménez-García, investigador de migraciones del Centro para los Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB, por sus siglas en inglés), destaca que esta insignificante proporción tiene que ver con que “los recién llegados son, sobre todo, jóvenes que vienen a conseguir un empleo y, por tanto, incrementan la tasa de actividad, lo que permite suplir el desbarajuste que tiene España debido al envejecimiento demográfico”.

Más allá de la contribución a las prestaciones sociales, la inmigración puede ayudar a suavizar otros problemas de España. A principios de julio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dio luz verde al estudio de iniciativas para repoblar los territorios deshabitados con personas de otros países. El Ejecutivo analizará la disponibilidad de residencia en las zonas despobladas y, sobre todo, la oferta laboral en esos lugares. Jiménez-García subraya al respecto la dificultad de conseguir este reto. “España tiene varios núcleos generadores de empleo que funcionan tanto para la población nativa como para la extranjera”, argumenta. “Veo difícil que los inmigrantes puedan solucionar la falta de trabajo en los territorios que los españoles han abandonado por cuestiones asociadas a deficiencias de mercado. Hay falta de servicios públicos y de instituciones que ayuden a los recién llegados”, reflexiona.

El impacto de las crisis en la inmigración

Las crisis económicas están directamente relacionadas con los flujos migratorios. La caída del Producto Interior Bruto (PIB) provoca un descenso de la inmigración y un aumento del retorno al lugar de origen, según un informe de la universidad a distancia OBS Business School. Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha supuesto una excepción en esta teoría. El investigador del CIDOB asegura que, a diferencia de la recesión de 2008, esta crisis está castigando a los mercados y sistemas laborales de todos los países. “Muchísimas más personas tienen que salir de su territorio por cuestiones de necesidad. Además, tras llevar casi un año y medio con las fronteras internacionales cerradas, la presión migratoria está en aumento”, esclarece Jiménez-García.

La inmigración beneficia tanto a países emisores como a receptores. África cuenta con una gran población joven frente a una oferta laboral muy escasa. Este grupo, al llegar al Viejo Continente, encuentra mayores oportunidades, aunque no todas sean adecuadas a su nivel formativo. Europa, por su parte, consigue fortalecer los lazos comerciales y, gracias a una mayor inversión, crear más puestos de trabajo. Charles Kenny asegura que, si los inmigrantes realizan tareas que los autóctonos no cubren, “fomentan la competitividad en la economía y crean otros empleos que los españoles sí quieren desempeñar. Es fundamental que África y Europa trabajen codo con codo para propiciar un flujo de migrantes que enriquezca a ambas regiones”, zanja el investigador.

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