¿España discrimina a las personas por su origen? ¿Ve con peores ojos al diferente? No es fácil responder a estas preguntas. Probablemente, de hecho, ni siquiera llegue a haber nunca unanimidad para hacerlo. Al menos por quienes no sufrirán nunca ese tipo de discriminaciones. Las que sí lo tienen más claro. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) del Ministerio de Igualdad ha publicado el informe Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020 [disponible aquí], y es muy claro en su principal conclusión: más de la mitad de las 1.624 personas encuestadas (el 59%) consideran que la población mayoritaria les asocia con "adjetivos negativos o peyorativos". La sensación ha aumentado respecto al último estudio, realizado en 2013. Entonces, de los 1.670 participantes, se mostraron de acuerdo con la afirmación un 57%. ¿Qué está pasando? Según los expertos consultados por infoLibre, las crisis, también la del covid-19, generan un malestar económico y social para el que se busca culpables. ¿Y quiénes son? Los considerados como "los otros", como explica Mikel Araguás, de la Federación SOS Racismo.
"Ha habido un cambio tras la crisis de 2008. El bienestar no ha llegado a todos y se buscan culpables, que acaban siendo pequeños grupos minoritarios sin capacidad de defenderse", critica Araguás, que opina que ciertos discursos políticos y mediáticos contribuyen a ello. No solo en España, sino en todo el mundo. Ahí está, dice, el discurso trumpista. "En el plano internacional ha habido un aumento de las clases medias empobrecidas, y esto explica el aumento de posiciones trumpistas", afirma.
Los datos le avalan y, de hecho, reflejan que la crisis económica sufrida en 2008 fue un punto de inflexión para la discriminación en nuestro país. Según el estudio Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia [disponible aquí], en el año 2017 –último con datos disponibles hasta la fecha– un 54% de la sociedad tenía una opinión positiva sobre la inmigración, más de cuatro puntos por debajo de la percepción registrada en el año 2007. Aquel año, el primero de la serie, el dato de aceptación se situaba en el 58,7%. En 2009, solo dos años después, la valoración positiva o muy positiva había retrocedido hasta el 40,8% de los encuestados. Y en 2011, cuando el país estaba ya sumido en la profunda crisis, la aceptación se quedaba en el 40%.
Hay más cifras que prueban la tesis de Araguás. El informe elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de las encuestas del CIS también avala que el contexto económico no puede desligarse de la percepción de esos "otros". Si en 2007 alrededor de un 65% consideraba que los inmigrantes recibían del Estado más de lo que aportaban, en 2011 ese dato se situaba en el 71%. Además, según el CIS, en el año 2008 un 54,4% de los encuestados pensaba que los extranjeros les quitaban el trabajo.
Ahora eso ha cambiado y lo que roban "los otros" son, a juicio de un alto porcentaje de personas, las ayudas sociales. Así lo desveló el informe Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración[se puede ver en este enlace], de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, que informó de que el porcentaje de andaluces que consideran que, como consecuencia de la inmigración, se generan "mayores ventajas sociales" para los extranjeros había pasado del 4,2% en 2015 al 8,6% en 2017 y al 16,5% en 2019.
¿Por qué tanto aumento? Parece fácil entenderlo si se tiene en cuenta que el discurso trumpista a la española liderado por la extrema derecha de Vox lanza esos mensajes incluso desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Durante la moción de censura que presentó la formación de Santiago Abascal el pasado mes de octubre, llegaron a decir que el Ingreso Mínimo Vital genera un "irresponsable efecto llamada". Eso es, según explicaron distintos expertos a infoLibre, un bulo. El problema es que da igual, según explica Araguás. "Hemos creado especies de micro identidades que tratan de retroalimentar sus convicciones, aunque no sean ciertas. La verdad ya no importa porque no hablamos de eso, sino de lo que se cree que es verdad", lamenta. Todo alimentado, recuerda, por la cada vez más frecuente predominancia de las redes sociales como fuente principal de información.
Los propios encuestados también apuntan al discurso de partidos de extrema derecha como impulsor de esa discriminación. Pero tampoco creen que sea lo principal. Según el estudio elaborado por el Ministerio de Igualdad, el 47,5% de los encuestados opina que la imagen negativa que se proyecta sobre determinados grupos poblacionales minoritarios o minorías étnicas viene de "algunos grupos", que podrían influir a los medios de comunicación, vistos como culpables de esa discriminación por el 32% de los encuestados. Un 15,9% cree que la responsabilidad es de "algunos partidos políticos".
Un 30,7% ha sido testigo o ha sufrido esa discriminación
El informe, además, da otro dato importante: desde 2013 ha aumentado el número de personas que señalan haber sufrido o haber sido testigos de comportamientos discriminatorios. Entonces, sólo el 20,9% lo afirmaba; ahora lo hace el 30,7%. No obstante, según señala Youssef M. Ouled, periodista e investigador del perfilamiento racial para Rights International Spain (RIS), eso tiene que ver con que las redes sociales han podido contribuir, gracias a las denuncias públicas de discriminación que permiten recoger, a una mayor "concienciación social".
Así lo ve también Mari Carmen Cortés, que trabaja en el departamento de igualdad de trato y lucha contra la discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Su organización, explica, viene realizando informes durante 15 años y en ellos, afirma, se han observado en ocasiones más casos de discriminación. Pero sostiene que esta "es siempre la misma". Lo que ocurre es que "cambia la sensibilización y la conciencia de quienes la sufren a la hora de denunciarla".
Pero, ¿dónde se refleja esa discriminación? Según el informe, en el ámbito de los servicios públicos el 20% de los encuestados se ha sentido discriminado en el ámbito educativo, seguido muy de cerca del 19% que lo ha hecho en situaciones en las que ha tenido que tratar con agentes de policía. En este sentido, precisamente, RIS publicó un documento el pasado mes de junio —que remitió al Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea— en el que se documentaron más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias durante el primer estado de alarma decretado en España con motivo de la pandemia. En concreto, se detectaron 39 casos de presuntos abusos policiales de carácter racista y 47 identificaciones de personas por perfil racial, de las cuales 33 (más del 70%) denunciaron haber sido objeto de brutalidad policial tras su identificación.
Esta es, para Ouled, la forma de discriminación racial y étnica más grave y más asentada. Y tiene un nombre: racismo institucional. "El racismo es principalmente institucional, viene de ahí. Esto genera un caldo de cultivo que luego se reproduce en el imaginario colectivo", lamenta. Y una de las pruebas, a su juicio, de esa forma de racismo, es el propio informe. "Estos informes tienen que ir acompañados de la recogida de datos que, desglosados en raza y etnia, permitan una percepción adecuada de la realidad del racismo en España. Aquí [en el informe] se está omitiendo y por eso es imposible determinar la dimensión del racismo", critica. Por no mencionar, añade, que el hecho de que el último informe de este tipo se realizara en el año 2013 "invita a pensar en la relevancia que tiene que se estudie una cuestión tan importante como la discriminación racial".
Fuera de los servicios públicos, es el acceso a la vivienda donde los encuestados se sienten más discriminados. Lo hace, en concreto, el 31%, el doble de personas que lo afirmaron en 2013. Hay otros estudios que lo confirman. El último fue publicado en octubre de 2020 por la asociación Provivienda y cifró en un 72,5% el porcentaje de inmobiliarias que aceptan discriminación directa absoluta, es decir, el bloqueo total al acceso a la vivienda de alquiler por motivos raciales.
Esto tiene que ver, dicen los expertos consultados por infoLibre, con otra forma de racismo sobre la que se construyen todas las demás: el racismo estructural que, según Ouled, se asienta sobre la evolución histórica de las poblaciones. "La conformación de los prejuicios negativos hacia poblaciones que no son blancas tienen implicaciones históricas", sostiene. "En España la población gitana ha sufrido persecuciones históricamente y siempre acompañadas de un discurso que la deshumanizaba. España también impulsó a la población musulmana, con la que se ha desvinculado. Y también tiene retóricas que se pueden vincular a la colonización de América Latina", ejemplifica.
"Vivimos en un sistema racista estructural en el que hay que penalizar a unos para potenciar a otros, por eso los diferentes acaban siendo discriminados. Eso explica todas las demás percepciones", coincide Araguás.
Aumentan las denuncias, aunque todavía son escasas
Los expertos apuntan a que el aumento de los sentimientos de discriminación aumentan, además de por los discursos xenófobos que parten de la extrema derecha, por una mayor concienciación y sensibilidad. Sin embargo, eso no va necesariamente ligado a un crecimiento de las denuncias o quejas de las víctimas que la sufren. El porcentaje de quien lo hace continúa siendo muy bajo. Y eso que ha crecido. Según el informe publicado por Igualdad, "sólo el 18,2% del total de personas que han experimentado una situación discriminatoria en el último año y de manera espontánea ha afirmado haber presentado alguna queja, reclamación o denuncia". En 2013 lo hizo el 10,2%.
Ouled apunta al racismo institucional como explicación. "¿Cómo va a haber denuncias si no se incentivan, se niega el racismo y las instituciones generan la desconfianza?", se pregunta. Araguás se muestra de acuerdo y confirma que "la falta de instrumentos" adecuados es, en parte, lo que provoca que estas situaciones no se denuncien. Y hay más: el miedo de quienes se encuentran en una situación irregular y la falta de percepción de la víctima como víctima. "La persona que es víctima tiene que ser consciente de que lo es. Hay que empoderarla porque, a veces, se acostumbran a barbaridades que asumen como normales", denuncia.
En esta misma línea, Cortés subraya "la importancia de dotar a quienes sufren la discriminación de herramientas para denunciarla". "Hay que darles información y, sobre todo, acompañarles", sostiene. Ahora, confiesa, se muestra "muy esperanzada" con la proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación presentada por el PSOE —a pesar de que Igualdad, en manos de Unidas Podemos, ya había anunciado que esta medida se impulsaría desde su departamento.
La portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, señaló que los objetivos de esta norma son "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación". Porque a veces, señala Araguás, más que una judicialización de la discriminación, la víctima busca "un perdón o un cambio de comportamiento". Hay, sentencia Cortés, que "resarcir" a las víctimas.
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