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La crisis del coronavirus está golpeando con especial intensidad a los colectivos sociales en situación económica más precaria y entre estos se encuentran sin duda los inmigrantes. Muchos de ellos se han quedado sin ingresos y soportan las duras condiciones del confinamiento en espacios minúsculos que tienen que compartir en condiciones penosas. En esta fase de la epidemia, el mayor riesgo de contagio se produce en el espacio intrafamiliar. Las precarias condiciones en las que viven muchos extranjeros hacen que se hallen mucho más expuestos. Especialmente penosa es la situación de los que se encuentran en situación irregular, pues además de vulnerables son también menos visibles para los radares de la ayuda social. Muchos no se atreven a salir a la calle para comprar comida o pedir ayuda si están enfermos por miedo a ser descubiertos.

La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de los mecanismos de gestión de la inmigración. Las restricciones impuestas en más de 120 países a los ciudadanos procedentes de España han obligado a paralizar los trámites de expulsión y a vaciar, como pedía el Defensor del Pueblo, los siete centros de internamiento de extranjeros (CIE). Su única misión es albergar a inmigrantes pendientes de repatriación forzosa, pero si esta no es posible no tiene sentido mantenerlos abiertos con el riesgo de que se conviertan en focos de contagio. El problema es que las organizaciones humanitarias a las que son derivados los internos apenas tienen medios para proporcionales un refugio seguro.

En esta crisis hemos podido comprobar hasta qué punto la sociedad española depende de la labor callada de los inmigrantes en el cuidado de personas mayores y en trabajos del campo tan fatigosos como mal pagados. Hasta el punto de que la recolección de las cosechas está en peligro porque el cierre de fronteras impide la llegada de temporeros. La mayoría de las personas que habitualmente realizan estos trabajos en el servicio doméstico y en la agricultura viven en condiciones precarias y muchas están también en situación irregular. Algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno pueden paliar su situación, pero son insuficientes. La renovación automática de los permisos de trabajo que expiren hasta el 30 de junio es una medida acertada, y habrá que extremar la vigilancia para que no se produzcan situaciones de abuso. También es positivo que se haya paliado con permisos laborales especiales la anómala situación de los menores no acompañados que estaban bajo la tutela de la Administración y que al cumplir los 18 años se quedaban en la calle con permiso de residencia, pero no de trabajo

Todo ello ofrece cierta cobertura legal y social, pero es transitoria y no resuelve el problema de fondo. La crisis del coronavirus sería una buena ocasión para plantear, como ha hecho el Gobierno portugués, una solución más estable y duradera a los inmigrantes que ya viven en España, cuya contribución a la economía es tan importante. Sería una forma de cambiar el paradigma de la inmigración y avanzar en la integración de estos colectivos, a los que se debe proporcionar la misma protección frente al virus que al resto de la ciudadanía.

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