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Siete de cada diez inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a inmigrantes o población gitana

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Abdou Mbaye lleva 18 años en Asturias. Senegalés, cocinero en un restaurante, vive en Gijón con su mujer y sus dos niñas. En un piso de alquiler que le costó mucho encontrar, como él mismo asegura.

Una discriminación que Malick Diouf, nos cuenta, se disfraza con mensajes de una inmobiliaria donde alegan que la propietaria prefiere un inquilino con más antigüedad laboral, como muestra el propio Diouf, presidente de la Asociación para la Ayuda del Inmigrante Africano en Asturias.

El de Abdou, el de Malick no son casos aislados. Según un estudio de la ONG Provivienda más del 70% de las inmobiliarias reconoce que aplican discriminación racial total si así lo piden los propietarios que las contratan señala Elena Martínez, responsable de Investigación y Evaluación de Provivienda.

Una discriminación que sufre especialmente la población subsahariana, magrebí o gitana y que puede ser un delito de odio, nos recuerdan Víctor García, director en Asturias de la Fundación
Secretariado Gitano y Miguel Ruiz, abogado de Provivienda.

Unas denuncias que se pueden interponer en ayuntamientos, oficinas de consumo, consejerías de vivienda o ante los propios juzgados. En Barcelona se llegó a multar con 90.000 euros a una inmobiliaria por racismo.

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