Una tienda de ropa del barrio de El Raval convertida en un taller de batas, gorros de médico para hospitales y mascarillas para colectivos y personas en situación de vulnerabilidad. Esta es la reacción del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona ante la crisis de la covid-19. A esta iniciativa hay que sumar el banco de alimentos que han puesto en marcha y que ayuda a cubrir las necesidades básicas de 340 familias. “La crisis nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social”, asegura Lamine Sarr, joven senegalés representante del Sindicato. Sarr es también uno de los portavoces de la campaña #RegularizacionYa. Se inició el pasado 13 de abril con una carta al Gobierno en la que se hace la demanda urgente de regularizar a las personas migrantes y refugiadas, fue firmada por más de 100 organizaciones y en una semana ha logrado el respaldo de 1.000 colectivos, entidades y ONG. El envío de la misiva fue de la mano con una acción en redes sociales a la que se sumaron organizaciones de distintos puntos de España para exigir un cambio en el paradigma migratorio que se enfoque en los derechos y libertades de las personas migrantes y refugiadas, poniendo en el centro la vida de todas, incluida las más de 600 mil personas en situación irregular.
La petición enviada al presidente del Gobierno estaba dirigida también a distintos ministros, entre ellos el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El pasado miércoles, Escrivá hizo mención en su intervención en el Congreso a la flexibilidad de la contratación de personas migrantes con formación sociosanitaria y para el sector agrario. Ante estas declaraciones, desde la campaña consideran que la medida de otorgar permiso laboral únicamente a personas migrantes que puedan trabajar en algunos sectores limitados es cortoplacista e instrumentalista, y piden que esta acción se haga extensible a todas las personas en irregularidad.
Durante su comparecencia, el ministro también afirmó que hay que conseguir que “todos los inmigrantes que están en España estén en una situación regular”, pero debe lograrse en “condiciones de mucha más serenidad y consenso” que el que existe ahora.
Frente a esta afirmación, las entidades aseguran que esta demanda no puede esperar si no se quiere dejar a nadie atrás y que, si no se lleva a cabo lo antes posible, se condenará a cientos de miles personas a una situación grave de indefensión.
En esta intervención, las formaciones políticas de la CUP, Compromís y EH Bildu se posicionaron a favor de la regularización de todas las personas migrantes para favorecer su protección social y sanitaria durante la pandemia.
Kenia García, portavoz de la campaña, hace todo lo posible para que el no dejar a nadie atrás sea real. García aterrizó en España desde Paraguay en el invierno de 2008. Desde el 2013 ejerce como trabajadora sexual luego de haber trabajado en puestos precarios y mal pagados, cuidando mayores y de limpieza que apenas le permitían pagar el alquiler. En la actualidad forma parte del colectivo de prostitutas de Sevilla, donde se auto organizan para apoyar a otras compañeras que en este contexto han visto aún más complicada su situación: "Estamos en los márgenes de los márgenes porque nuestro trabajo no está reconocido como tal, y eso nos deja fuera del sistema; además —incide— sufrimos violencia social e institucional que se agudiza más con una situación administrativa irregular viviendo con angustia a ser deportadas, sin acceso a vivienda, sanidad y sin derechos".
Junto a otras compañeras, intentan dar respuesta a situaciones urgentes que, según García, debería dar el Gobierno: “Intentamos encontrar solución a las necesidades básicas como la vivienda; hay compañeras a las que les están echando de sus pisos porque no los pueden pagar. Ellas, por estar sin papeles, tienen miedo a denunciar, les falta información”. Entiende que solo unidas y desde los movimientos sociales puede exigir el reconocimiento de sus derechos vulnerados.
Excluidas también del Ingreso Mínimo Vital
Desde esta red de organizaciones migrantes y antirracistas denuncian que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el nuevo coronavirus ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales, económicos etc. y, por otra, el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerabilizadas, entre ellas la población migrante sin papeles. Han visibilizado también cómo han quedado fuera de todo el paquete de medidas sociales que permitirían paliar el sufrimiento en este contexto, señalando que, si quieren que se salga de esta crisis, tienen que hacerlo en igualdad de derechos y condiciones.
En esta línea de medidas, se informó el jueves que el Gobierno pondrá en marcha a finales de mayo la prestación Ingreso Mínimo Vital, del que se calcula podrán beneficiarse hasta tres millones de personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, a esta prestación tampoco podrán acceder las personas sin papeles como son las miles de trabajadoras de hogar y cuidados que, aún en situación administrativa irregular, son las que sostienen la vida y cuidados de este país. Este sector lleva denunciando muchos años la precarización del sector y la falta de derechos. En este estado de alarma muchas han sido despedidas con riesgo a quedarse en la calle, ya que es el único sector que no tiene derecho al paro. Además, consideran insuficiente el subsidio temporal de desempleo para las trabajadoras de hogar aprobado el pasado 31 de marzo porque deja fuera a unas 200.000 mujeres que trabajan en la economía sumergida.
“Hay muchas compañeras sin papeles que no van a acceder a este subsidio. Al hablar de Ingreso Mínimo Vital, se vuelve a omitir a parte de nuestras compañeras en situación irregular. Hay miles de trabajadoras que no cobraron su salario y menos un subsidio, no han pagado el alquiler y comen gracias a la ayuda de amigos, asociaciones de vecinos o porque están encerradas en sus puestos de trabajo, esclavizadas. Nos han dejado atrás a pesar de que estamos en primera línea, somos las imprescindibles, cuidadoras, algunas despedidas y otras que han retornado este lunes a limpiar sin existir ningún protocolo de prevención para ellas”, comenta desde Madrid en una conversación por videollamada Edith Espinola, portavoz de la asociación Sedoac (Servicio Doméstico Activo) y de la campaña #RegularizacionYa.
Esta campaña, al ser impulsada por asociaciones migrantes y antirracistas, ha recibido en pocos días el respaldo de muchas organizaciones. Entre ellas destaca el gran número de colectivos migrantes. Pareciera que hay una identificación con el hecho de que esta iniciativa sea liderada por las voces como las de Lamine, Kenia y Edith, voces que han pasado por la irregularidad y que hoy se organizan para desde lo común salir de esta crisis.
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