Hace justo un año nos preguntábamos como afectaría la entonces incipiente covid-19 en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. Ahora ya estamos en condiciones de dar unas primeras respuestas. Es lo que hace el Anuario CIDOB de la Inmigración 2020 con respecto a los efectos de la pandemia en la movilidad humana, la población migrada y las políticas migratorias y de asilo. Si bien el Anuario analiza también el contexto europeo e internacional, aquí me detendré en algunas de sus conclusiones para el caso español.
A nadie sorprende que las restricciones a la movilidad hayan llevado a una reducción drástica de los flujos migratorios. Por ejemplo, en los países de la OCDE, la caída superó el 72% en el segundo trimestre de 2020. En el caso español, esta caída no se ha dado en todos los ámbitos. En asilo, si bien las solicitudes se redujeron a pocas decenas en los meses de abril y mayo, al cabo del año se han superado las 88.000, que es menos que en 2019 (con 118.264) pero más que en 2018 (55.668). Las entradas irregulares han aumentado respecto al año anterior, pasando de 26.168 en 2019 a más de 41.000 en 2020. Esto se explica por el agravamiento de las condiciones en los países de origen y tránsito y por la reapertura de la ruta occidental hacia las Islas Canarias.
¿Y cuál ha sido el efecto de la pandemia en las condiciones de las personas de origen migrante que ya se encontraban en España? Tal como muestra el artículo de Ramón Mahía, la crisis económica se ha cebado especialmente en la población extranjera. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año, el empleo extranjero retrocedió un 10%, el doble que en el caso de los españoles. Este impacto diferencial se explica en buena medida por la mayor vulnerabilidad de la población extranjera (mayor presencia en la economía informal, más peso de los contratos temporales, menor antigüedad laboral) y una mayor exposición a los sectores más afectados (servicios, turismo, transporte).
La crisis generada por el covid-19 también ha puesto en evidencia la importancia de muchas actividades desempeñadas por trabajadores de origen migrante, especialmente en el sector agrícola, el sociosanitario y de los cuidados. A pesar de haber sido calificados reiteradamente como “trabajadores esenciales”, las condiciones laborales y de vida de muchos de ellos a menudo son extremadamente precarias. Es el caso, por ejemplo, de los temporeros agrícolas. En uno de los artículos del Anuario, Berta Güell y yo señalamos que la situación de los temporeros tiene que ver con problemas estructurales, ligados a los procesos de globalización alimentaria y flexibilidad productiva, la desregulación del sector, el acceso a la vivienda y, en el caso de Huelva, el propio funcionamiento de los programas de contratación en origen.
En el sector del trabajo del hogar y de los cuidados, Sònia Parella señala una dinámica de intensificación de los riesgos y desigualdades en el disfrute de derechos y de bienestar: desde la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de ingresos para aquellas trabajadoras en la economía informal (que representan un tercio en este sector) a una merma generalizada de la calidad de vida, especialmente para las trabajadoras internas que cuidan de personas mayores. Aunque en abril el Gobierno anunció la posibilidad de que las empleadas del hogar que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social cobraran un subsidio extraordinario, meses después la mitad de las solicitudes seguían sin resolver.
Ahí, de hecho, radica otro de los grandes impactos de la pandemia sobre la población migrada: la parálisis de la Administración y los efectos que esto ha tenido en los procedimientos de extranjería y asilo. Incluso a finales de año, meses después de que se reanudara la atención presencial después del estado de alarma, la cita previa para la solicitud de asilo seguía suspendida en algunas provincias importantes como Madrid y Barcelona. El colapso de las comisarías también reforzó negocios fraudulentos de venta de citas previas para trámites de extranjería. No es una cuestión baladí. Para los ciudadanos extranjeros, acceder o no a estos trámites puede llegar a afectar el acceso a la documentación y, por lo tanto, a algo tan fundamental como el derecho a tener derechos.
En términos generales, podemos concluir que la pandemia ha agravado y visibilizado tendencias que ya existían previamente. Lo nuevo es que, bajo el prisma de una pandemia, las desigualdades, la exclusión social o el cumplimiento de los convenios y el respeto de los derechos laborales y sociales no solo son una cuestión moral, de justicia social y de legalidad, sino también un elemento imprescindible para asegurar cualquier política de salud pública que quiera ser eficiente. En este sentido, no es de extrañar que 2020 haya sido también un año de movilizaciones importantes: desde las reivindicaciones históricas de los temporeros agrícolas a las denuncias y propuestas concretas hechas por las trabajadoras del hogar, esta vez en nombre propio.
No podemos acabar sin hacer referencia al movimiento #RegularizaciónYA, que entre otras medidas pedía la regularización de las personas en situación administrativa precaria. Cabe señalar la amplitud del movimiento, que agrupó inicialmente a 100 colectivos y acabó con el apoyo de más de 1.500 organizaciones. A diferencia de otros años, esta vez las reivindicaciones se hicieron directamente desde el propio colectivo de personas migrantes y para el conjunto de ellas sin excepción. A finales de septiembre, el Congreso rechazó la propuesta de regularización, con un PSOE invocando los límites definidos por la propia legislación y un PP y VOX apelando al supuesto “efecto llamada”. Aunque es sabido que en tiempos de pandemia la inclusión de todos sin excepción es fundamental, los tiempos políticos parece que van en otra dirección.
Fuente
