Aunque el titular de la jornada fuera en positivo, ´Diálogos contra el racismo´, lo cierto es que hubo coincidencia en lo negativo: «Vivimos momentos de involución». Resumía el decano de la Facultad de Derecho, Javier Teruelo, el sentir general de los participantes en el seminario organizado por la Fundación Secretariado Gitano de Asturias, que puso de relieve la preocupación de juristas, del tercer sector y de la Administración por unas cifras que describen un aumento de delitos. Y de prejuicios, tal y como explicó Paz Menéndez Sebastián, que recogió datos de una encuesta nacional dirigida a jóvenes, en la que el 18% aseguraba sentir «incomodidad» por compartir vecindario con personas de una raza o etnia distinta a la suya. «Si eso es entre los que han crecido con la Constitución...», lamentaba Menéndez.
Teruelo fue muy crítico e hizo un llamamiento especial a las mujeres jóvenes: «El discurso contrario a la diferencia, a la mujer, a la inmigración... Está en clara expansión. Y esos discursos tienen además autopistas abiertas en internet, en foros, en redes sociales. Sed beligerantes».
Frente a ello, Ana Fernández Zapico, directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, y Leonor Suárez, profesora de Filosofía del Derecho, hablaron de la importancia de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como ´ley Zerolo´. Una ley de la que habló también el sociólogo Javier Sáez del Álamo, técnico experto del departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, quien expresó de forma tajante que «la situación es mala», «los delitos de odio van en aumento», que «los datos son preocupantes por el alto nivel de discriminación y exclusión social» y que «en España hay poca conciencia del racismo». Se centró especialmente en la «fuerte discriminación que hay en España contra la población gitana», contra la que aún «se hacen mofas y chistes» que son impensables contra otros colectivos.
Destacó Javier Sáez la importancia de que la nueva ley recoja el antigitanismo (España es el primer país de Europa en dar este paso) y que eso haya obligado a hacer modificaciones también en el Código Penal. Aunque sin olvidar «el problema de infradenuncia» del colectivo.
De hecho, el informe del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio en 2021 solo recoge dieciocho denuncias por antigitanismo, pese a los muchos casos que Sáez reconoció de cuestiones que van desde no dejar entrar a unos chicos gitanos a una piscina, hasta la quema de viviendas.