Cuotas o no cuotas. Este es el dilema al que se enfrenta la Comisión Europea mientras está ultimando su propuesta para modificar las reglas europeas sobre migración que quedaron seriamente tocadas por la llegada masiva de refugiados en el 2015. A lo largo de este mes de junio, el Ejecutivo comunitario presentará su reforma del pacto de Emigración y Asilo y, lógicamente, en este periodo previo le llueven los documentos de los distintos estados miembros presionando para hacer valer sus planteamientos. Vistas las propuestas, el enfrentamiento está servido, porque a la demanda de cuotas obligatorias de los países del Mediterráneo, responden con una negativa rotunda los centroeuropeos y el grupo de Visegrado.
Las cuotas serán un elemento clave de la reforma, como lo fueron en el 2015. En aquel momento, la iniciativa del entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, de establecer unas cuotas obligatorias de reparto triunfó en la teoría, porque se aprobó la norma, pero fracasó estrepitosamente en la práctica, porque pocos países la cumplieron y algunos del Este, con Hungría a la cabeza, hicieron bandera de su desobediencia.
Ahora, esto es precisamente lo que piden España y cuatro países más que están en la primera línea de recepción de migrantes. “Introducir un mecanismo de reubicación obligatoria que implique la distribución entre todos los estados miembros de todos los que entren en el territorio de un Estado miembro, incluidos los procedentes de operaciones de salvamento”, dice el documento aportado por España, Italia, Grecia, Chipre y Malta al que ha tenido acceso La Vanguardia .
Son las reivindicaciones de los países con fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea y a los que llega un alto número de migrantes huyendo de África, y que piden diferenciar entre las entradas irregulares y las que proceden de las operaciones de salvamento. Seguir leyendo
