La irrupción del coronavirus en España provocó el cierre de la administración en todo el país y la suspensión temporal de la tramitación de expedientes de solicitantes de asilo y refugio. También bloqueó sus principales puertas de entrada a España, los aeropuertos de Madrid y Barcelona.
La pandemia ha dado un respiro para la saturada Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que acumula todavía unos 140.000 expedientes sin resolver, algunos de más de dos años, mientras el número de demandantes no ha parado de crecer de forma exponencial desde 2012, superando las 118.000 peticiones, más del doble que en 2018, una cifra histórica. En los últimos ocho años, el incremento es del 4.469%, y la infraestructura burocrática y asistencial no estaba preparada, apunta la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR).
Si entre enero y febrero de 2020 se recibieron más de 14.000 solicitudes por mes, "en marzo, el número parecía incluso aumentar hasta que llegó el cierre de fronteras. Desde entonces, se han registrado 58 solicitudes en abril y 72 en mayo. Dicho de manera más visual, aquellos que estaban en camino, a punto de tomar el avión, se quedaron en tierra", recuerda la investigadora del CIDOB Blanca Garcés en un artículo.
Quienes llegaron pocos días antes del decreto del estado de alarma se encontraron con la imposibilidad de registrar sus solicitudes ni acceder al programa de acogida para solicitantes sin recursos económicos. La Secretaría de Estado de Migraciones tuvo que improvisar plazas para la acogida de unas 2.000 personas cuyos trámites no estaban registrados, pero, aun así, muchos se quedaron totalmente desprotegidos, sobre todo en Madrid, donde el colapso ha sido y sigue siendo mucho más acusado.
Para los que ya estaban dentro del sistema, el confinamiento supuso cierta tranquilidad dentro su precaria normalidad. No se han producido salidas de las escasas plazas de acogida del país porque no se notificaron resoluciones negativas de sus expedientes. Algunos han podido prolongar una prestación económica y otros han seguido bajo techo unos meses más. También se renovaron automáticamente los plazos y permisos de residencia y trabajo durante la pandemia.
La suspensión de trámites supuso para muchos una prórroga en su más que probable denegación y salida del sistema de acogida. En España, apenas a un 5,2% de las casi 120.000 solicitudes resueltas en 2019 se les dio el estatus de refugiado o protección subsidiara, las dos formas de protección internacional reconocidas por la Convención de Ginebra. Una cifra muy inferior al 31% de la media europea, si bien es cierto que el perfil de los demandantes de asilo que llegan a España — la mayoría procedentes de Venezuela (41.000) y Colombia (30.000)— son muy diferentes a los que reciben países como Alemania o Francia, con posibilidades más altas de aceptación al provenir de Estados inmersos en un conflicto bélico como Siria, según explica CEAR en su informe anual.
No ha habido denegaciones durante el confinamiento, pero desde principios de junio la maquinaria, con el estado de alarma aún en vigor, volvió a ponerse en marcha, avanzando hacia una nueva normalidad que se prevé aún más dura para esta personas. Esta semana se reunía, después de dos meses de parón, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), encargada aprobar o denegar las solicitudes que eleva la OAR, que han continuado tramitando durante la pandemia. Según confirma el Ministerio del Interior, se han resuelto 16.585 expedientes y ya se está notificando a los solicitantes. "Vamos a ver un incremento de gente que sale del sistema de acogida y se quedará en situación de vulnerabilidad", ha advertido Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
Precisamente, la Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado "denegaciones exprés" durante el estado de alarma que han supuesto el fin de prestaciones y de estancias en recursos de acogida y la revocación del permiso de trabajo y residencia. Exclusiones que se han llevado a cabo, asegura esta organización, sin que se hayan notificado oficialmente en algunos casos porque no se ha localizado a las personas, lo va contra las directivas europeas de asilo y refugio.
Prioridad a las denegaciones para liberar plazas
También critican que el Estado está dando prioridad a las denegaciones "para descongestionar el sistema y dejar plazas libres", en muchos casos sin que se haya estudiado en profundidad y con particularidad cada caso. Este aspecto también lo confirman abogados especializados en asilo. Según esta organización, se aplica un criterio geográfico en el estudio de solicitudes, lo que supone la denegación casi automática de protección para la inmensa mayoría de demandantes latinoamericanos.
"Nos preocupa el posible deterioro en la calidad del estudio de tantas solicitudes de forma tan rápida", aseguraba este viernes la portavoz de CEAR. Abogados, trabajadores de ONG y diversas organizaciones critican que muchas denegaciones se deciden sin una segunda entrevista en profundidad a los demandantes por parte de personal técnico, lo que da demasiada importancia a la primera entrevista, normalmente realizada por un policía sin formación en derecho de asilo.
CEAR, además, insiste en la necesidad de una mayor formación para trabajadores de la OAR, con apenas dos años de experiencia después de cientos de ceses de veteranos trabajadores interinos en fraude de ley. La desescalada y la reapertura de fronteras irá acompañada de un nuevo aumento en la llegada de solicitantes de asilo, "porque los conflictos no han parado, al contrario, la pandemia los ha agudizado y hay muchas personas pendientes de la apertura de fronteras para pedir protección", advierte Galán. El riesgo de un nuevo colapso es evidente, "ya hay un embudo y todavía no hay instrucciones claras sobre cómo retomar las citas para iniciar el proceso", sostiene CEAR, que pide más recursos humanos, materiales y espacios adecuados para la realización de estos tediosos trámites.
"Esta pandemia plantea numerosos retos en materia de acceso al derecho de asilo, pero es necesario que los Estados no pongan en cuarentena sus obligaciones con las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares", afirma Galán.
"La pandemia no hizo sino agudizar casi de forma inmediata su extrema precariedad", lamenta Garcés, del CIDOB, que incide en que "ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de acompañamiento de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales, asociaciones de compatriotas, activistas y las propias entidades sociales. Sin ellos, seguramente el grado de precariedad hubiera sido para muchos insoportable". Esa es la nueva normalidad para los solicitantes de asilo.
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