Hace 15 años de la última regularización amplia de migrantes. ¿Es necesario ya otro proceso similar?

Yo creo que sí. Pero las regularizaciones, al final, son correcciones de un mal sistema de puerta estrecha que funciona de espaldas a la realidad, a las verdaderas pulsiones de la movilidad y la migración que, inevitablemente, va creando bolsas de inmigrantes irregulares que los Gobiernos tienen que resolver. Dirán que es la última vez, que no se volverá a repetir bajo ninguna circunstancia, pero saben que no es cierto. En último término, tienen que incorporar a esa población al radar de las instituciones públicas. Normalmente por razones sociales y económicas y, ahora, también por las sanitarias.

La historia reciente está llena de regularizaciones.

Ha habido varias regularizaciones amplias a lo largo de la democracia española. Durante el Gobierno de Felipe Gonzalez hubo dos. Hubo tres en los de Aznar y, con Zapatero, hubo una mucho más grande. Solo en las tres últimas, cerca de un millón de personas fueron regularizadas en España.

¿Qué es lo inadecuado de estos procesos?

Nuestro estudio explica la evolución del flujo de entrada de migrantes en comparación con la tasa de desempleo, y vemos una relación inversa y directa. Cuando el mercado laboral español es dinámico y se generan oportunidades interesantes para los trabajadores extranjeros y nacionales, los flujos migratorios son intensos. Cuando la dinámica económica cambia y entramos en periodos de recesión, como entre 2008 y 2015, los flujos caen de manera natural por razones que nada tienen que ver con el control de los gobiernos.

Este sistema migratorio se adapta muy mal a las señales del mercado. Está concebido para controlar y no gobernar los flujos. Nueve de cada diez personas que se mueven en el planeta son migrantes por razones económicas, por eso se necesita un sistema más flexible que permita a la gente ir y venir con más naturalidad. La oportunidad de prosperar en el país de destino es el elemento fundamental que determina el proyecto migratorio, y ahí es donde fracasa nuestro sistema migratorio de forma palmaria.

Calculan que hay casi medio millón de personas en situación irregular en España. ¿Qué significa esto para nuestra economía?

Siempre hablamos de estimaciones con matices porque la estadística es muy incompleta. Son entre 390.00 y 470.00 migrantes irregulares. Esto supone un coste directo para ellos, la irregularidad supone mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. Son los sectores más vulnerables de la sociedad. Y también supone costes directos para nuestra sociedad. En un contexto de pandemia, por ejemplo, aunque tengan derecho a la sanidad pública, intentan mantenerse fuera del radar de las instituciones, tienen miedo de ser deportados. Pero sobre todo, y este es el argumento principal de nuestros informe, supone un monumental coste de oportunidad. Beneficios que no son realizados como consecuencia de la irregularidad de los trabajadores.

¿Cuánto dinero calculan que pierde el país por cada migrante que no se regulariza?

Ellos ya hacen una aportación en impuestos indirectos y consumo. Pero todo esto podría ser mucho mayor si les permitiéramos pagar impuestos directos y cotizar a la Seguridad Social. En este momento, si consideramos su aportación en impuestos indirectos y su coste en sanidad y educación, le cuestan a las arcas públicas unos 2.000 euros por persona y año. Si los regularizásemos, harían una aportación de 3.250 euros por persona y año de media. Esto supone una aportación neta positiva de 5.000 euros solo como consecuencia de la regularización.