Las trabas también son importantes para aquellos que sí lograron permisos de residencia mientras estaban tutelados pero que, a la hora de renovarlos como adultos, no consiguen cumplir los requisitos. Uno de ellos es contar con ingresos de más de 500 euros al mes, una exigencia imposible si, como suele ser habitual, no cuentan con permiso para trabajar. Aun logrando cumplir con todas las exigencias que marca la ley, la autorización que se les otorgaba es a título no lucrativo —como las que suele concederse a las parejas de expatriados— y no les permite trabajar.
Todas estas barreras acabaron llegando al Tribunal Supremo, tras ser denunciadas durante años por ONG y abogados, pero el tribunal falló complicando aún más el procedimiento. La doctrina del alto tribunal pasó a exigir que los mayores de 19 años, en su primera renovación, tuviesen que acreditar unos ingresos propios, en caso de no trabajar, superiores al 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); es decir, por encima de 2.000 euros al mes. La sentencia, que comenzó a llevar a cientos de jóvenes a la irregularidad, fue el empuje definitivo para que Migraciones abordase la reforma del reglamento.
El real decreto acaba con este permiso no lucrativo para los jóvenes migrantes porque “no se ajusta a la realidad del colectivo” y rebaja los requisitos para renovar u obtener la autorización de residencia y trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Los ingresos mínimos exigidos se calculan ahora en base al Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual (469,9 euros). Esa cantidad puede provenir de un empleo, pero también de ayudas sociales, una fórmula más flexible que antes no se permitía. La exigencia económica, además, no será necesaria si el joven está acogido en alguna institución que garantice su manutención. Sí deberán presentar informes positivos de integración y formación de la entidad que le acogió y demostrar que no tienen antecedentes penales.
Aunque los datos no son del todo fiables, las comunidades autónomas acogen oficialmente unos 9.000 menores extranjeros, la inmensa mayoría mayores de 16 años. La reforma beneficiará además retroactivamente a otros cientos de jóvenes que han llegado a la mayoría de edad en los últimos cinco años y que perdieron o no lograron sus permisos por no cumplir con las exigencias que ahora se eliminan. Los cambios incluyen también un impulso de la tramitación telemática que debería agilizar los procesos.
El resto de modificaciones pretende que los más pequeños logren estar documentados cuanto antes. Se suprime así el plazo máximo de nueve meses que fija el reglamento para conceder el permiso de residencia a los menores que llegan a un centro de acogida. Según la ley, los menores extranjeros tutelados no se consideran irregulares en ningún caso, pero este requisito de los nueve meses planteaba, según el borrador, “una rigidez innecesaria”. En muchas ocasiones, además, ese plazo máximo era interpretado como un plazo mínimo llevando a los tutelados a un “vacío documental”. La nueva redacción fija que se empiece a tramitar los documentos, aunque sean provisionales, en un plazo de 15 días.
Permiso de trabajo desde los 16 años
La nueva redacción del reglamento también contempla que la tarjeta de residencia que se les tramite deberá incluir una autorización para trabajar en el caso de los menores de 16 y 17 años. La posibilidad de buscar un empleo en igualdad de condiciones que los españoles comenzó a impulsarse ya en marzo del año pasado con una instrucción de Migraciones, pero hasta ese momento el número de jóvenes que podía empezar a trabajar de forma legal al cumplir 16 años era anecdótico por, una vez más, los trámites exigidos para tramitar ese permiso.
El hecho de que obtengan esta documentación no impedirá, en el caso de que se considere que es la mejor opción para el menor, la repatriación a su país de origen. Esta vía, en cualquier caso, no suele prosperar en España, tanto por la falta de colaboración de los países de origen como por las garantías que debe cumplir el proceso, pues tiene que tener en cuenta la voluntad del menor.
El nuevo texto evitará también que los niños y adolescentes extranjeros tengan que renovar sus permisos cada año. La primera autorización tendrá ahora una vigencia de dos años y la renovación le cubrirá por otros cinco años más, en el caso de que siga siendo menor de edad. Los mayores, cuando les caduque la tarjeta de residencia, podrán renovarla por dos años más y optar, según cada caso, a un permiso de larga duración.
La modificación del reglamento no es tan ambiciosa como la reforma de la propia ley de Extranjería que prometió nada más asumir el cargo, en febrero del año pasado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Pero es, probablemente, la medida de más calado que ha planteado su ministerio en el ámbito de las migraciones. Los menores extranjeros han sido una prioridad en la Secretaría de Estado de Migraciones, los extutelados fueron además uno de los colectivos que se incluyó en el Real Decreto que se aprobó durante el primer estado de alarma para llevar trabajadores al campo. La medida permitió a varios centenares de jóvenes inmigrantes que no podían trabajar conseguir su primer salario de forma legal.
Las organizaciones dedicadas a la atención de la infancia migrante, así como el Defensor del Pueblo, llevan años denunciando absurdos burocráticos y pidiendo modificaciones. Las ONG coinciden en la importancia de esta reforma para combatir la exclusión social del colectivo. También es la que primero llega. El diseño de un modelo más eficiente en la atención a los niños migrantes, en manos ahora del Ministerio de Derechos Sociales, lleva en discusión desde 2018. El texto se someterá ahora a la evaluación de otros ministerios y necesitará el informe del Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros.
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