El Ministerio del Interior ha cerrado a última hora del miércoles el procedimiento al que se acogerán los ucranios que huyen de la guerra para obtener su autorización de permiso y trabajo. La orden ministerial, resumida en una nota de prensa, establece que la protección temporal, la figura que ha activado por primera vez la UE para responder al éxodo ucranio, podrá solicitarse tanto en comisarías específicas de todo el territorio como en los tres centros de recepción y derivación que se van a habilitar en Madrid, Barcelona y Alicante. Tras ese primer registro, el compromiso es que la solicitud sea tramitada y resuelta en un máximo de 24 horas. La protección temporal garantiza autorización de residencia y trabajo, apoyo financiero, recursos de acogida y acceso a sanidad y educación por un plazo mínimo de un año ampliable a tres.
La orden ministerial se ha cerrado contra el reloj. En una reunión mantenida el martes entre representantes de varios ministerios quedaron de manifiesto, una vez más, las diferentes posturas entre Migraciones e Interior, según fuentes conocedoras del encuentro. El departamento de José Luis Escrivá, que coordinará la acogida de los ucranios, defendió un trámite lo más simplificado y rápido posible, casi automático. Era la misma postura defendida públicamente por el de Fernando Grande-Marlaska, pero en ese grupo de trabajo Interior mostró reparos ante una excesiva laxitud que podría convertir a España en un país demasiado atractivo para el éxodo ucraniano, según las mismas fuentes. Las apreciaciones de Interior, según fuentes del ministerio, estaban enfocadas exclusivamente en proteger a los menores y el combate contra la trata. Los recelos de Interior no eran compartidos por sus interlocutores y la reunión se cerró con el apremio del ministerio de Presidencia para que el procedimiento estuviese listo cuanto antes. Este protocolo se considera “esencial” para despejar el camino de miles de personas una vez que ya hay al menos un millar de ucranianos en centros estatales de acogida y un número indeterminado alojado con sus redes familiares y de amigos.
El documento refleja, efectivamente, una simplificación de trámites nunca vista. La orden establece que en el registro inicial, realizado por efectivos de Extranjería y Científica, se tomen los datos y las huellas de los desplazados con la ayuda de intérpretes. Tras ese primer paso, sea en una comisaría o en los centros, se les expedirá un resguardo que ya confirma su solicitud de protección temporal. Las autoridades les otorgarán también su Número de Identificación de Extranjero (NIE). Este protocolo es inédito por su rapidez y sencillez ya que en circunstancias normales —y con refugiados de otras nacionalidades— el mismo proceso está lastrado desde el comienzo por la dificultad para conseguir una cita con la que iniciar los trámites.
Una vez registrados los datos y la solicitud, esta se eleva a la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, que resolverá los expedientes en un plazo máximo de un día desde que se registró ante la policía. Este procedimiento de urgencia es también inédito, pues las solicitudes de protección internacional que gestiona la Oficina de Asilo pueden esperar más de dos años hasta su resolución.
La idea es que todas las peticiones se resuelvan favorablemente casi de forma automática, pero puede ser denegada si al cotejar los datos con los registros de antecedentes penales y con otras como la de Interpol, se identifica un posible riesgo para la seguridad nacional. Se contempla también que pueda ser necesaria la realización de una entrevista para aclarar algunos aspectos de la solicitud.
El texto acordado entre los ministerios también establece que la resolución será notificada de forma electrónica cuando sea posible, aunque también puede ser por correspondencia o en persona en comisarías u oficinas de extranjería. Lo que no se aclara es cuándo estará lista la tarjeta física que documenta la regularidad de los extranjeros en España. Aunque en la teoría, los extranjeros pueden ejercer todos sus derechos con sus solicitudes aprobadas, en la práctica enfrentan multitud de obstáculos si no cuentan con el documento oficial. Estas dificultades lastran su vida diaria porque les impide abrir cuentas en los bancos o convencer a los empleadores que el folio con el que cuentan es igual de válido que un documento oficial.
España ha ido más allá en la aplicación de la directiva europea aprobada el pasado jueves. Los Estados miembros acordaron ofrecer protección temporal en una serie de supuestos que el Consejo de Ministros amplió incluso a los ucranios que ya vivían en España y que se encuentran en situación irregular, un colectivo que ronda entre las 10.000 y 15.000 personas. La decisión del Ejecutivo se amplió también a todos los ciudadanos de terceros países que residían legalmente en Ucrania, independientemente de si su autorización era temporal o de larga duración.
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