Imaginemos una situación: la expulsión inmediata de todos los extranjeros que viven en España. ¿Qué pasaría en términos económicos si esto ocurriese? ¿Cuál sería el impacto de una medida tan extrema como anhelada por muchos españoles? El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, lo tradujo en números en su último informe anual (2019). La conclusión es muy ilustrativa: si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo nuestro mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería a los 16,7 millones de ocupados, un 20% por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica. Aun ocupándose entonces todos los puestos de trabajo vacantes por parados de nacionalidad española, el mercado laboral quedaría por debajo de los 19,5 millones, un nivel de empleo inferior al actual, y casi de un 10% por debajo de su valor máximo.
El dato que aporta Fernández Marugán es solo un ejemplo de lo inviable que sería España hoy si cerrase sus fronteras. ¿Y si el colectivo migrante, tan denostado y discriminado, es más bien la solución y no un problema para el futuro del país? Las estadísticas oficiales y las proyecciones de especialistas y de organismos internacionales (demografía, mercado laboral, pensiones, etc.) dan cuenta de una (incómoda) realidad: España necesita que sigan llegando muchos migrantes para tener sustentabilidad y crecimiento.
Primer dato irrefutable, el demográfico. Según las Cifras de Población (julio 2020) de Estadística de Migraciones, la población de España aumentó en 18.953 personas durante la primera mitad del año pasado y se situó en 47.351.567 habitantes. El saldo migratorio positivo de 113.856 personas compensó, en parte, el saldo vegetativo negativo de 94.057 personas, 167.559 nacimientos, frente a 261.616 defunciones.
En concreto: el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo. El número de extranjeros aumentó en 99.183 personas durante el primer semestre de 2020, hasta un total de 5.326.089. Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 80.230 personas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (datos de 2020), los mayores de 65 años representan casi el 20% de la población total, cerca del doble, en términos porcentuales, que hace 50 años. El porcentaje se incrementa año a año. Las previsiones de este organismo estatal es que para 2070, esa misma proporción de personas mayores de 65 años será del 30%.
¿Cuáles son las consecuencias económicas de una estructura demográfica envejecida? Fernández Marugán lo explica de forma sencilla: "Por un lado, a medida que la pirámide poblacional se erosiona por la base, como consecuencia de una prolongada caída en la fertilidad, la fuerza laboral se reduce. La reducción de la fuerza laboral debilita el potencial de crecimiento de la economía, que se enfrenta a una escasez importante de mano de obra en algunas regiones y/o segmentos del mercado de trabajo". Y agrega: "En este contexto de envejecimiento y disminución de la población en edad activa, la negativa evolución de la estructura demográfica en España y en la mayor parte de países europeos parece haberse aliviado gracias a la incorporación de población proveniente del exterior, un fenómeno habitualmente conocido como migración de sustitución o reemplazo".
El Defensor del Pueblo subraya que la migración mitiga el envejecimiento debido a que la población recién llegada es más joven que la española, reforzando los tramos medios de la pirámide poblacional.
"El 60% de los 4,4 millones de nuevos activos incorporados al mercado laboral desde el inicio de los 2000 proviene de la incorporación de población extranjera en edad laboral, con tasas de actividad mucho más elevadas que las españolas. Para que la economía crezca se necesita capital humano. Nuestra evolución demográfica es insuficiente. Desde el año 2002, la población en edad de trabajar nacida en España se ha reducido en más de 860.000 personas, mientras que la nacida en el extranjero ha crecido en casi 3,7 millones", concluye.
Según las estadísticas oficiales de Migraciones, ocho de cada diez extranjeros se encuentran en la franja de edad central, correspondiente al segmento con edades para trabajar (16 a 64 años), un 6% han cumplido ya los 65 años y un 14% está integrado por menores de 16 años.
Los migrantes están rejuveneciendo y dinamizando la España rural. Así se desprende del último estudio de la Fundación Bancaria La Caixa, que señala que la población rural extranjera ya supera el 10% en 21 provincias, siendo del 16% en la franja entre los 20 y los 36 años.
La incidencia de los migrantes en la España vaciada es altísima al compararla con la de hace 20 años. En 2001, sólo siete provincias españolas superaban el 5% de población migrante. Hoy ese porcentaje lo rebasan 43 provincias.
La crisis de 2008 –reza el informe– frenó los flujos migratorios y la llegada de migrantes a las zonas rurales, aumentó la marcha de los jóvenes a las urbes y congeló las reagrupaciones de familias extranjeras. Sin embargo, desde 2017 las llegadas al medio rural vuelven a superar a las salidas, por lo que los saldos migratorios vuelven a ser positivos.
"La población de origen extranjero fue la protagonista principal de esta recuperación demográfica. Los autóctonos tuvieron un papel secundario", afirman los investigadores Luis Camarero (UNED) y Rosario Sampedro (Universidad de Valladolid), responsables académicos del trabajo.
En definitiva, "la población de origen extranjero es el principal antídoto contra el envejecimiento y resulta esencial para la preservación de la actividad en la España rural". Un dato que lo corrobora: durante la primera década de este siglo XXI, dos tercios del saldo migratorio hacia las zonas rurales son de población extranjera.
El informe de La Caixa culmina con una tajante conclusión: "La población de origen extranjero está todavía ausente del imaginario social sobre el medio rural, pero es seguro que ganará protagonismo porque es, hoy por hoy, un elemento clave en la sostenibilidad de la España rural".