El Principado de Asturias se enfrenta a una de las contradicciones más notables de su mercado laboral, según el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su informe «Rethinking Regional Attractiveness in Spain´s Asturias Region», el organismo internacional señala que la comunidad presenta la mayor diferencia de empleo entre la población nativa y la migrante de toda España. Este dato, que evidencia dificultades para alcanzar la plena integración laboral, emerge como un desafío estructural crucial que limita el atractivo demográfico y la cohesión social de la región.
La OCDE sitúa la integración laboral de la población migrante en el epicentro de sus preocupaciones, a pesar de que la región es reconocida en el mismo informe por el éxito en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y por el alto nivel educativo de su fuerza laboral. La brecha identificada no solo es la más amplia del país, sino que sugiere la existencia de obstáculos sistémicos que impiden a un segmento significativo de la población activa acceder a oportunidades laborales, afectando directamente a la tasa de actividad y a la participación en el mercado.
Este desfase se produce en un contexto donde el capital humano asturiano es un activo destacado, con el 44% de la población en edad de trabajar con educación terciaria, una cifra superior a la media nacional y de la Unión Europea. Sin embargo, el informe apunta a que, a pesar de esta cualificación general, existen desajustes notables entre las habilidades disponibles, las necesidades de las empresas y las oportunidades reales ofrecidas, una realidad que se agrava en el caso de la población migrante.
Este hallazgo es especialmente relevante si se contrasta con la dinámica demográfica reciente de la región, que lucha contra el envejecimiento y la despoblación. Datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) muestran que, si bien Asturias es una de las comunidades con menos inmigrantes, con apenas algo más del 4% de sus habitantes extranjeros, su crecimiento ha sido muy acelerado. SADEI documenta que la presencia de población extranjera era apenas testimonial (0,58%) hasta 1991, pero ese porcentaje se quintuplicó en la primera década del siglo XXI, siendo la inmigración procedente del extranjero el «mayor determinante» en el saldo migratorio positivo reciente de la región. De hecho, SADEI señala que en 2022 y 2023 se registraron los niveles más altos de inmigración de la serie, con cifras muy superiores al anterior pico de 2007.
La composición de estos flujos, según SADEI, es compleja: durante 2022 y 2023, aproximadamente un 55% de los inmigrantes llegaron desde el extranjero, pero el informe matiza que entre el 15% y el 20% de estas personas tenían nacionalidad española, siendo retornados o españoles nacidos fuera del país, muchos de ellos descendientes de la gran emigración asturiana. América se consolidó en esos dos ejercicios como el principal origen de la inmigración internacional, concentrando más del 65% de los llegados, con un gran peso de países que en el pasado acogieron a asturianos, como Colombia, Venezuela y Cuba, lo que evidencia el efecto de las leyes de retorno. En el ámbito interno, la Comunidad de Madrid sobresalió como principal emisor interno, superando incluso la cifra registrada desde Colombia.
En cuanto a su integración sectorial, SADEI recogió que la hostelería es el primer sector de ocupación para los inmigrantes en Asturias, superando los 6.000 trabajadores. Al sector hostelero le siguen el comercio y reparación de vehículos de motor y la construcción, ambos con más de 3.000 empleados extranjeros. El área de servicio doméstico se sitúa con alrededor de 2.500 personas. Estas cifras confirman que la población migrante es un componente esencial, aunque minoritario, de varios sectores clave del tejido económico asturiano.
Volviendo a la advertencia de la OCDE, la existencia de una brecha de empleo tan marcada actúa como un factor disuasorio, dificultando que Asturias pueda consolidarse como un destino atractivo para los flujos migratorios que necesita para su sostenibilidad demográfica y económica. La OCDE sugiere que la brecha se agrava por obstáculos que pueden ir desde la dificultad en el reconocimiento de cualificaciones hasta la necesidad de políticas más activas de intermediación laboral.
Para superar esta situación, el organismo recomienda a las administraciones regionales centrar sus esfuerzos en el diseño de políticas públicas que fomenten la igualdad de oportunidades y que faciliten la homologación ágil de títulos y la certificación de competencias profesionales adquiridas en el extranjero. Además, se apunta a la importancia de programas específicos que conecten directamente a los empleadores con los perfiles profesionales de los recién llegados, asegurando que la integración laboral sea plena y equitativa.